Política de Gobierno Digital
¿Qué es la Política de Gobierno Digital?
La Política de Gobierno Digital, es el instrumento gubernamental del orden nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública; a través del uso y aprovechamiento de las TIC. La PGD hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de gestión y desempeño institucional.
Objetivo de la política
Objetivo Política
Impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del territorio nacional y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio.
Ámbito de la aplicación
Ámbito de la aplicación
¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL?
Los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital son aquellas entidades que deben dar cumplimiento esta Política. En este sentido, son sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital las entidades que conforman la administración pública y los particulares que cumplen funciones administrativas.
La implementación de la Política de Gobierno Digital en las ramas legislativa y judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en aplicación de los principios señalados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de Colombia.
¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL?
Los Grupos de Interés son aquellos actores que participan en la Política de Gobierno Digital, y lo conforman las entidades públicas, la Academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos y, en general, los habitantes del territorio nacional.
